La edila Susana Núñez, integrante de la Junta Departamental de Rocha, presentó su renuncia al Frente Amplio luego de que la Mesa Política departamental resolviera elevar su caso y el de Graciela Fonseca al Tribunal de Conducta Política, tras haber votado junto a la bancada oficialista el fideicomiso de US$ 40 millones impulsado por el intendente Alejo Umpiérrez.
La decisión de la dirigencia frenteamplista se adoptó en la noche del miércoles 15 de octubre, durante una reunión en la que se analizó el impacto de la votación que permitió la aprobación del fideicomiso. Según fuentes del Frente Amplio citadas por Montevideo Portal, la resolución apuntaba a evaluar la conducta de ambas edilas por apartarse de la postura colectiva de la bancada, que venía negociando modificaciones con el Ejecutivo departamental.
Una renuncia tras semanas de tensión interna
Horas después de conocida la resolución, Núñez anunció públicamente su renuncia al Frente Amplio, decisión que atribuyó a una serie de críticas y hostigamientos recibidos desde que acompañó el proyecto de endeudamiento.
De acuerdo con declaraciones recogidas por la prensa, la edila sostuvo que su alejamiento responde a una “sumatoria de episodios” de malestar interno, aunque admitió que la decisión de la Mesa Política “fue el detonante final”.
Previamente, Núñez ya había resuelto abandonar el sector Asamblea Uruguay, por el cual había sido electa, luego de ser objeto de cuestionamientos en grupos de WhatsApp y redes sociales. En aquel momento, se declaró frenteamplista independiente y defendió su voto afirmando que lo había hecho “en conciencia”, priorizando lo que consideró beneficioso para el departamento.
Con su salida definitiva del Frente Amplio, el pasaje del caso al Tribunal de Conducta queda sin efecto, al no pertenecer ya Núñez a la estructura orgánica de la coalición.
El fideicomiso que fracturó la bancada
El fideicomiso votado en la Junta Departamental contempla una inversión de 40 millones de dólares, destinada a financiar obras de infraestructura vial, saneamiento y desarrollo urbano en distintos puntos del departamento. El proyecto, impulsado por el intendente blanco Alejo Umpiérrez, había generado semanas de debate político y negociaciones entre el oficialismo y la oposición.
Mientras la bancada del Frente Amplio planteaba reparos sobre los plazos de endeudamiento y la ejecución de los fondos, las edilas Núñez y Fonseca decidieron acompañar la iniciativa, permitiendo así su aprobación con mayoría especial.
La decisión fue celebrada por el Ejecutivo departamental, que calificó el resultado como un paso clave para “garantizar obras estratégicas y empleo local”, pero generó fuertes repercusiones dentro del Frente Amplio, donde varios dirigentes consideraron que las legisladoras habían actuado sin mandato político.
Reacciones y consecuencias
Desde la Mesa Política departamental se insistió en que el objetivo del eventual pasaje al Tribunal de Conducta no era punitivo, sino de “análisis ético y orgánico” de la actuación de las edilas. Sin embargo, la renuncia de Núñez deja el asunto cerrado en términos formales, aunque deja al descubierto las tensiones internas en la coalición de izquierda a nivel departamental.
Por su parte, allegados a la edila sostienen que su decisión “no tiene vuelta atrás” y que continuará ejerciendo su banca de forma independiente, aunque manteniendo afinidades con parte del electorado frenteamplista.
El episodio reabre el debate sobre la disciplina partidaria y los límites de la autonomía individual en los gobiernos departamentales, un tema que ha generado controversias en distintas juntas del país. En Rocha, además, se produce en medio de un proceso político clave, donde el fideicomiso aprobado marcará la ejecución de obras hasta el final del actual período.
Tiempo de Noticias / Redacción
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