Tiempo de Noticias – El caso del estudiante que perdió un testículo tras una agresión en la UTU de Castillos vuelve a tomar impulso judicial, en medio de cuestionamientos de la defensa sobre el rumbo de la investigación. A casi un año del hecho, el abogado de la familia denunció un intento de archivo “sin argumentos” y anunció que se avecinan instancias clave para definir el futuro de la causa.
El episodio, ocurrido en mayo de 2025 en la localidad rochense, derivó en una denuncia penal impulsada por la familia del menor. Desde entonces, los padres han manifestado su preocupación por la falta de avances concretos. “No buscamos venganza, solo justicia, y que esto no vuelva a repetirse”, señalaron en su momento, marcando el tono de un reclamo que se ha sostenido en el tiempo.
El abogado patrocinante, Edgar Luzardo, brindó en las últimas horas detalles sobre el estado actual del expediente. En declaraciones al periodista rochense Willan Dialutto, explicó que existe una instancia administrativa en Montevideo que estaría encaminada al archivo, en base a la valoración de que no hay elementos suficientes para acreditar que el hecho ocurrió dentro del centro educativo.
Para la defensa, esa línea de interpretación es inaceptable. Luzardo sostuvo que los hechos están claramente establecidos y que la gravedad de la lesión no admite dudas. “Es claro que el hecho ocurrió, es claro que hay una amputación, y es claro que deberían haberse tomado recaudos para garantizar el derecho del menor a estudiar”, afirmó.
El abogado también cuestionó la actuación inicial de la Fiscalía, señalando que, tras iniciarse la investigación, se resolvió el archivo de las actuaciones hace menos de un mes, sin que la familia recibiera información relevante durante el proceso. Esta situación motivó la presentación de un recurso solicitando el reexamen del caso.
La solicitud apunta a que otro fiscal asuma la investigación, bajo el argumento de que las diligencias realizadas hasta el momento no cumplen con los estándares de una actuación eficaz. Según Luzardo, la fundamentación del archivo resulta “demasiado pobre” y no se condice con el nivel de profesionalismo observado en otras causas del departamento.
Además del frente judicial, el caso mantiene una dimensión administrativa vinculada a la institución educativa, donde también se evalúan responsabilidades. Sin embargo, la eventual decisión de archivar esa instancia genera preocupación en la defensa, que advierte sobre el riesgo de que el hecho quede sin una respuesta institucional adecuada.
Otro aspecto señalado por la familia es la situación actual del menor, quien no estaría asistiendo al centro educativo. Para el abogado, esto refleja una falla en la protección de sus derechos, más allá de la investigación penal en curso.
En este contexto, todas las miradas están puestas en la audiencia prevista para el 21 de mayo, donde se definirá si corresponde o no el reexamen solicitado. Esa instancia será determinante para establecer si la causa continúa bajo nuevas condiciones o si se confirma el archivo dispuesto.
El caso ha generado repercusión a nivel local, no solo por la gravedad de la lesión, sino también por las interrogantes en torno a la respuesta institucional. La resolución judicial marcará un punto de inflexión en una situación que, para la familia, aún está lejos de cerrarse.
Mientras tanto, la defensa insiste en la necesidad de que se agoten todas las vías de investigación. “Lo que pedimos es una actuación seria, completa y acorde a la gravedad del caso”, subrayó Luzardo.
Se espera que en los próximos días surjan definiciones que permitan esclarecer el camino a seguir en una causa que continúa abierta y bajo análisis.
Tiempo de Noticias / Redacción
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