(Desde El Observador) La Fiscalía de Rocha considera que una mujer declarada incapaz que tenía un campo de 300 hectáreas en la zona de Velázquez fue estafada por su curadora, una abogada. La fiscal Patricia Sosa sostiene que en la maniobra también participaron el esposo de la abogada, como gestor, un escribano y un empresario agropecuario que compró la mitad del campo en US$ 600 mil. Para todos, pidió el procesamiento por estafa.
FISCAL DE ROCHA PIDE PROCESAMIENTO DE EXJUEZA, ABOGADA, ESCRIBANO Y EMPRESARIO
La fiscal sostiene que una mujer incapaz fue estafada en la venta de su campo.
(Desde El Observador) La Fiscalía de Rocha considera que una mujer declarada incapaz que tenía un campo de 300 hectáreas en la zona de Velázquez fue estafada por su curadora, una abogada. La fiscal Patricia Sosa sostiene que en la maniobra también participaron el esposo de la abogada, como gestor, un escribano y un empresario agropecuario que compró la mitad del campo en US$ 600 mil. Para todos, pidió el procesamiento por estafa.
La fiscal solicitó además el procesamiento de una exjueza penal que intervino en el caso y trabajó en Rocha entre 2007 y 2013, hasta que fue trasladada y luego destituida por la Suprema Corte de Justicia. La fiscal sostiene en su escrito, al que accedió El Observador, que la exjueza no realizó determinados controles, lo que permitió que la supuesta estafa se concretara. Pidió el procesamiento de la exmagistrada por el delito de omisión contumancial de los deberes del cargo.
La abogada asumió la curaduría de la mujer declarada incapaz en 1997, lo que implicaba administrar sus bienes rindiendo cuentas al juzgado. En ese rol, la abogada «abusó de su cargo en desmedro del patrimonio de su representada, (…) cobrando honorarios desmesurados».
A su vez, representó a la mujer en el arrendamiento y la venta de una fracción de su campo, «logrando una ventaja económica para sí, cobrándole en forma exorbitante y habilitando también la posibilidad de un provecho para terceros, como en el caso de su esposo, el gestor, o de su amiga (integrante de la sociedad anónima que arrendaba el campo) o del arrendatario, en estos últimos casos con muy convenientes contratos de arrendamientos para ellos y el pago innecesario de comisiones por tales negocios (…) En toda esta maniobra la gran perjudicada fue» la anciana de 92 años que padece incapacidad, expresa la fiscal.
En 2009, la abogada pidió una venia judicial para vender el 50% del campo «aduciendo la necesidad económica imperiosa de su curatelada por ser insuficientes los ingresos para su manutención». En el trámite de la autorización judicial, la fiscal advirtió que a pesar de que el campo estaba arrendado, «no se había declarado el arrendamiento» en el juzgado «ni depositado el dinero de la operación». El 24 de diciembre de 2009 la jueza concedió la venia solicitada sin consultar a la Fiscalía, que apeló el fallo.
Como la autorización judicial recayó en un tribunal y se tardó, la abogada y su esposo «pergeñaron otro fraccionamiento del padrón», que partía en dos el campo: un sector «solo útil mayoritariamente para ganadería con menor índice Coneat» y otra parte «de buena calidad tanto para la agricultura como para la ganadería, la que estaba mejor cotizada». La mejor parte fue vendida en US$ 600 mil. La fiscal dice que para la venta de esta fracción no existía venia judicial.
Al hacerse con ese dinero, la curadora realizó una serie de pagos «sin autorización» judicial: US$ 5.000 al ingeniero agrimensor que mensuró el campo; US$ 5.000 a la inmobiliaria que tasó el campo; US$ 7.300 a un escritorio que tasó y retasó el campo, y US$ 21.970 por «la comisión de venta»; US$ 3.400 al gestor (su esposo) por su intervención en la contratación de la inmobiliaria y el estudio que tasaron el campo; entre otros gastos.
«Resulta clara la connivencia en estos hechos entre la curadora, el gestor de la curatela, el escribano y el comprador. El negocio se realizó en total perjuicio de la incapaz, lo que también se pudo visualizar en contratos de arrendamiento», agrega la fiscal. Para la abogada y su esposo pidió el procesamiento con prisión por estafa y abuso de inferioridad de menores e incapaces; para el escribano por estafa y falsificación ideológica por un funcionario público: y para el comprador por estafa.
La fiscal le reprocha a la exjueza que no exigió «la apertura de cuenta para el depósito, no se exigió que la curadora debía solicitar autorización para el pago de las deudas, falta de control de la rendición de cuentas presentada, autorización implícita de cobro de diezmo por la curadora sobre la jubilación de la incapaz».
«Del análisis de otros testimonios de expedientes acordonados a estos, surge también que en el año 2003 se enajenaron aproximadamente 160 hectáreas de campo (…) En esa oportunidad, se vendió en aproximadamente US$ 100 mil. ¿Se gastó esa suma en seis años, entre el 2003 y el 2009?», se pregunta la fiscal.
El abogado de la familia de la mujer incapaz y 15 abogados del foro de Rocha denunciaron a la jueza ante la Suprema Corte de Justicia en 2012, lo que generó su destitución, que fue recurrida en 2014.
«El interés primordial fue mantener las condiciones de la incapaz porque hay una larga historia detrás de esta señora», aseguró la exmagistrada en el juzgado.
Abogado: «No surge que haya perjuicio»
El abogado de la curadora, Gastón Chaves, explicó a El Observador que «el valor en que se vendió la fracción del campo no fue inventado sino que surge de una tasación que ordenó el tribunal». «No surge que haya perjuicio por diferencia de valor entre lo que se vendió y lo que la mujer conservó, sino al revés», agregó.
FOTO / FUENTE: EL OBSERVADOR
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